El artículo que cierra el último número de la espléndida Jacobin se dedica a «The Soul of Student Debt» y lo escribe Chris Maisano en estos términos (anunciando la que nos espera a la que nos descuidemos un poco más):
Janet Lynn Parker es una profesor de arte de mediana edad que trabaja en la escuela elemental de Arkansas. Se graduó en 1991 en la Arkansas State University con una licenciatura en educación artística y 25.000 $ de deuda en préstamos estudiantiles. Incapaz de encontrar un trabajo en su campo de estudio, fue de un empleo a otro hasta 1999, cuando finalmente lo encontró en una escuela pública con un sueldo anual de poco más de 20.000 $. Durante ese tiempo, sus crecientes dificultades financieras la obligaron a pedir diversas renegociaciones y varios aplazamientos en su préstamo estudiantil, elevando el saldo de su deuda educativa hasta los 70.000 $.
Por si fuera poco, Parker se rompió la espalda en un accidente de navegación en 2000. Tuvo que llevar un corsé ortopédico en la espalda durante meses después del incidente, y dependía de los analgésicos para poder llevar una vida normal. A pesar de todo esto, continuó enseñando y cuidaba de sus nietas adolescentes durante los meses de verano, cuando la escuela cerraba. Sin embargo, la presión pasó factura a su familia y a su matrimonio. Parker y su marido se separaron en 2003 y se divorciaron en 2004. Con sus deudas de préstamos estudiantiles, de tarjetas de crédito, de tiendas y de médicos superando su capacidad de pago, finalmente se declaró en bancarrota en 2004. Debido a las peculiaridades de la ley de bancarrota de EE.UU., tuvo que presentar una petición por separado para buscar una rebaja de su deuda de préstamos estudiantiles. Contra todos los pronósticos, ganó: el juez del concurso dictaminó en su caso que la deuda de préstamos estudiantiles constituía una «dificultad excesiva» y por lo tanto debía ser eliminada.
Pero la historia no termina ahí. El acreedor de Parker, la Student Loan Guarantee Foundation of Arkansas, apeló la decisión del tribunal de quiebras, llevando el caso ante un tribunal de apelación federal de bancarrotas. A pesar de la amplia evidencia de que la deuda educativa de Parker le estaba arruinando la vida, el tribunal decidió revertir la decisión de la jurisdicciónl inferior y obligarla a continuar afrontando los pagos de sus préstamos.
El razonamiento que sustentó la decisión del tribunal es revelador, y del todo coherente con la lógica implacable de la racionalidad capitalista. De acuerdo con la decisión de los jueces, Parker no pudo demostrar dificultad indebida porque, en su opinión, ella no pudo maximizar adecuadamente sus ingresos y minimizar sus gastos, una exigencia de la prueba utilizada en el caso. Tal como se argumentó, «el deudor tiene el deber de maximizar sus ingresos … Aunque está trabajando como profesora de tiempo completo, la Deudora admitió que le «sería posible» conseguir un trabajo estival remunerado. El tribunal de quiebras dictaminó que la deudora era capaz de conseguir un empleo estival y atribuyó su ingreso neto adicional en unos 100 $ por mes». No importó que el trabajo de cuidado no remunerado que realizaba durante los meses de verano fuera un apoyo crucial para su hija, una madre soltera. Para estos Gradgrinds, los lazos de familia y los imperativos de tales cuidados, como Marx expresó tan claramente, se ahogan en las aguas heladas del cálculo egoísta.
Al final, el tribunal de quiebras conminó a Parker a consolidar sus préstamos estudiantiles mediante el William D. Ford Consolidation Program, lo que reduciría sus pagos mensuales, pero dejándola con solo 15 $ al final de cada mes, una vez descontados los gastos. También le requirió a satisfacer tales pagos en 25 años, momento en el que tendría 76 años.
El tema de la deuda en general, y el de la deuda de los préstamos estudiantiles en particular, se convirtió rápidamente en una de las principales preocupaciones del movimiento U.S. Occupy. En junio de 2010, y por primera vez en la historia del país, la deuda total de préstamos estudiantiles era más voluminosa que el total de deuda pendiente de pago por tarjetas de crédito, y en la primavera de 2012 superó la sorprendente cifra de 1 billón $. Esta explosión de la deuda de préstamos estudiantiles ha sido el resultado lógico de la dramática inflación en el coste de la educación superior (en particular la educación superior pública) en las últimas décadas. Los economistas estiman que el coste de la matrícula y las cuotas se ha más que duplicado desde 2000, superando con creces la tasa de inflación en energía, vivienda, e incluso de los costes sanitarios.
La fuerza impulsora de esta explosión en los costes de la educación superior es la falta de inversión a largo plazo en colleges y universidades públicas a nivel estatal. Mientras que las instituciones de educación superior públicas han absorbido la mayor parte de las nuevas matrículas de pregrado desde el año 1990, la proporción de gasto público en la educación superior ha disminuido dramáticamente. Según un reciente estudio realizado por Demos, entre 1990 y 2010, la financiación pública real para estudiantes matriculados a tiempo completo se redujo en más del 26%. Este déficit no se ha cubierto con otras fuentes de financiación pública, sino más bien a cargo del bolsillo del estudiante. Durante el mismo período, la matrícula y las cuotas en universidades de cuatro años y universidades públicas aumentaron un 112,5%, mientras que el precio de los colleges públicos de dos años aumentó en un 71%. Como los ingresos de los hogares se han estancado en los últimos dos decenios, los estudiantes y sus familias se han visto obligadas a recurrir a préstamos estudiantiles para cubrir estos costes. Según el Departamento de Educación, el 45% de los graduados de 1992-1993 tomaron dinero prestado de fuentes federales o privadas; hoy, al menos dos tercios de los graduados entran en el mundo laboral con deuda educativa.
A pesar de que los trabajadores con formación universitaria tienden a obtener, en promedio, mayores ingresos que sus contrapartes con menor nivel educativo, los jóvenes trabajadores con estudios universitarios no han escapado a las presiones de estancamiento salarial. En la última década, los ingresos medios anuales de los trabajadores en las cohortes de edades de 25 a 34 y con títulos de licenciatura se redujeron en un 15%. Los recién graduados, por su parte, vieron un aumento promedio de su carga de deuda en un 24%. Lo que hace particularmente preocupante esta espectacular expansión de la deuda por préstamos estudiantiles es el hecho de que, a diferencia de la mayoría de las otras formas de deuda personal, estos préstamos no pueden ser resueltos a través del proceso normal de quiebra. En caso de impago de un préstamo estudiantil federal o privado, los prestatarios se enfrentan a una serie de medidas invasivas: embargo de salario, interceptación de reembolsos de impuestos o ganancias en juegos de azar, y retención de futuros pagos de la Seguridad Social.
Los principales intelectuales del movimiento Occupy han puesto el tema de la deuda como su leitmotiv, organizando su análisis de la economía en torno a lo que han dado en llamar el «sistema de la deuda». Para ellos, la explosión de la deuda pública y personal que se ha producido en las últimas tres décadas representa una ruptura de la lógica del capitalismo y marca el renacimiento de las antiguas formas de explotación asociadas con el feudalismo. En una conferencia celebrada poco después de limpiar Zuccotti Park, David Graeber lo planteó sucintamente:
Creo que hay un cambio fundamental en la naturaleza del capitalismo, donde algunas personas siguen utilizando una lógica moral muy pasada de moda, pero más y más personas están reconociendo lo que realmente está pasando. No saben su alcance. Ni siquiera está claro que sea ya capitalismo. Cuando yo fui a la universidad, me enseñaron la diferencia entre el capitalismo y el feudalismo. En el feudalismo, se llevaban el dinero directamente, a través de medios legales, te exprimían, exaccionaban tus ingresos, y en el capitalismo se lo llevan del salario, de maneras sutiles. Me parece que estamos cambiando hacia lo primero. El gobierno está dejando que estos chicos lo sobornen para hacer leyes con las que puedan vaciarnos los bolsillos, y eso es todo.
Graeber tiene sin duda razón al señalar las formas en que la deuda y las finanzas pueden ser abiertamente explotadoras. Los marxistas han caracterizado tradicionalmente la explotación capitalista como un proceso social abstracto que se lleva a cabo a espaldas de aquellos a los que explota. Pero no hay nada indirecto en una tarjeta de crédito o una cuenta de préstamo estudiantil. Todos esos cargos e impuestos aparentemente extraños están justo frente a nosotros, minando los ingresos y el nivel de vida tras meses y años.
Sin embargo, eso no es «todo.» La crítica avanzada por Graeber de la deuda como neo-feudalismo, los organizadores de la campaña Strike Debt y otras voces sobre el asunto no captan cómo la deuda y las finanzas funcionan en el capitalismo contemporáneo. Tambiénresuena el discurso populista equivocado que ve el crecimiento del sector financiero como parasitario de los sectores productivo, de la economía «real». En el caso de la deuda de los estudiantes, el argumento neo-feudal también nos impide entender correctamente una de las funciones principales de la deuda y de las finanzas en el capitalismo neoliberal: la conformación de nuestras almas económicas. La función social de la deuda de los estudiantes no es convertirnos en siervos o sirvientes indefinidos. Es para enseñarnos a ser inversionistas y tomadores de riesgo, empresarios que han asumido una deuda para financiar su ascenso por la escalera del éxito burgués. El alma de la deuda de los estudiantes no es feudal, sino capitalista, pero hasta la médula.
Cualquier discusión sobre la educación superior y la deuda estudiantil debe ser ubicada dentro de una comprensión del giro hacia el neoliberalismo y la financiarización que comenzó en la década de 1970. Dado que el acuerdo de posguerra entre el trabajo y el capital se derrumbó bajo el peso de sus propias contradicciones, los capitalistas y los responsables de las políticas en los gobiernos de los países capitalistas avanzados llevaron a cabo lo que ahora es una estrategia familiar. Se dispusieron a acabar con el poder de los sindicatos, a liberar el sector financiero y a integrar a capas cada vez más amplias de la población en los circuitos de la financiación a través de la expansión del acceso al crédito. Este último punto es un aspecto especialmente importante del proyecto neoliberal. Como Leo Panitch, Sam Gindin, y Greg Albo argumentan en su libro In and Out of Crisis, la expansión del acceso al crédito -y, por tanto, la deuda- «fue tan o más importante para el dinamismo y la longevidad de la era neoliberal de las finanzas» que cualquiera de los otros aspectos de la vuelta al neoliberalismo. En particular, permitió a la clase trabajadora mantener su nivel de vida frente unos salarios estancados, lo que permitió el sistema conservar su legitimidad y estabilidad.
Las consecuencias de este cambio ha sido profundas, alterando dramáticamente las texturas sociales de la vida cotidiana. Han puesto patas arriba las relaciones entre trabajadores y empleadores, ciudadanos y Estado. Han cambiado el lugar del individuo en la sociedad, alentando la formación de nuevas formas de conciencia y de estar en el mundo. Como Gerald Davis argumenta en su libro Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, ahora vivimos en una «sociedad de cartera» [portfolio society], cuyo espíritu animador es la lógica de las finanzas. La educación, entre otras cosas, se concibe como una forma de «capital humano» en lugar de como un bien social, una inversión segura para la propia cartera económica personal en lugar de ser fundadora de la ciudadanía democrática. La deuda estudiantil -el precio a pagar para tener acceso a la posibilidad de ascenso social- es ahora una de las inversiones más arriesgadas en esa cartera.
Las modernas prácticas del préstamo estudiantil datan de la década de 1950, cuando la competencia con la Unión Soviética durante la Guerra Fría impulsó al Congreso a establecer el Perkins Loan Program en 1958. Perkins expandido los préstamos estudiantiles a través de préstamos con bajas tasas de interés para los necesitados. Pero este programa fue relativamente modesto. El monto federal para préstamos estudiantiles aumentó aún más durante el gobierno de Johnson con la aprobación de la Higher Education Act de 1965 y el establecimiento del programa de Guaranteed Student Loan program (conocido hoy como Stafford Loan Program). Con el inicio de la crisis fiscal de la década de 1970, los Estados comenzaron la desinversión a largo plazo en la educación superior pública, lo que elevó el coste de la matrícula y exigió la expansión de los préstamos estudiantiles federales. En 1978, el gasto federal en préstamos estudiantiles era de 500 millones. En el año fiscal 2012, el gobierno federal aportó 115,6 mil millones en nuevos préstamos para estudiantes. Hoy en día, los estudiantes se gradúan en un College o en la Universidad con una media de más de 25.000 $ de deuda en préstamos educativos.
Para los estadounidenses con graves dificultades financieras, la quiebra ofrece quizá la única vía realista de alivio. Como observó Elizabeth Warren en Law and Class in America, los tribunales de quiebra una ventajosa posición estratégica desde la que inspeccionar los daños sociales del capitalismo contemporáneo:
(…)
Al abdicar de cualquier responsabilidad a la hora de determinar qué constituye una carga excesiva, el Congreso dio a los jueces de quiebras un enorme margen de maniobra para interpretar y juzgar las reclamaciones derivadas de la creciente deuda de préstamos estudiantiles. Como representantes de la rama judicial de un Estado capitalista, no es ninguna sorpresa que estos jueces hayan privilegiado en sus fallos, en la mayoría de las ocasiones, las pretensiones del acreedor sobre las del deudor. Al hacerlo, han reforzado la hipótesis normativa y disciplinaria de lo que Michel Foucault llamó «gubernamentalidad neoliberal».
La gubernamentalidad neoliberal pretende someter nuestra vida social a la lógica de lo que Foucault llama la «sociedad de la empresa». En Nacimiento de la biopolítica, argumentó que eso estimula la formación de sujetos cuyos carácter moral y actividad económica se asemejan a las del empresario que se arriesga. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un simple proceso de dominación de arriba a abajo. La genialidad de esta forma de control social es que provoca la participación activa de la población en la construcción de su propia disciplina. Al reunir a círculos cada vez más amplios de la población en la órbita del capital financiero, el proceso de financiarización se impregna de un espíritu que se corresponde con las normas democráticas de participación e igualdad de oportunidades. Después de todo, ¿qué podría ser más americano que la proposición según la cual todas las personas tienen acceso a una educación universitaria y, presumiblemente, la oportunidad de llegar tan lejos como su talento se lo permita?
A medida que el Estado desinvierte en educación superior pública y obliga a los estudiantes a asumir las cargas de una deuda cada vez mayor para financiar sus estudios, la experiencia y el propósito de la educación superior se transforman. Perseguir un diploma universitario se convierte en una actividad empresarial, una especie de inversión personal y la asunción de un riesgo que coloca la consecución de resultados futuros por encima de cualquier otra consideración. Mediante la integración de la educación superior en los circuitos del capitalismo financiero, el Estado alienta a los deudores a buscar en el mercado la superación y la seguridad personales. Al igual que el prestatario hipotecario subprime o el trabajador con un plan de jubilación 401 (k), al estudiante endeudado se le enseña a ver el acceso al crédito y a los mercados financieros como el mejor pasaporte para la prosperidad y la seguridad.
La deuda estudiantil somete al prestatario a una pedagogía claramente capitalista, transformando la educación superior en un bien cada vez más caro que se compra y se vende en el mercado. Pero como legiones de deudores de estos préstamos pueden atestiguar, la inversión en una educación universitaria ya no es una garantía de empleo remunerado ni una garantía financiera personal. Es una inversión cada vez más arriesgada que puede suponer para el estudiante deudor graves dificultades financieras y llevarle, en el peor de los casos, a la puerta de un tribunal de quiebras para buscar el rescate.
La jurisprudencia federal ofrece una importante perspectiva sobre la forma en que la deuda estudiantil funciona imponiendo una forma particular de disciplina capitalista sobre los prestatarios. En estos casos, a menudo parece como si los jueces fueran trabajadores sociales formados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. En los casos en que los deudores han visto rechazadas sus demandas, emerge rápidamente un tema habitual. Al negar a los demandantes el rescate de sus deudas, los jueces y los tribunales de apelación a menudo tratan de fomentar un comportamiento económico más semejante al de una empresa competitiva que al de un ser humano sano.
La historia de Janet Lynn Parker es, ciertamente, algo así como un caso extremo. Pero su tratamiento por los tribunales de quiebra no es muy distinto del que vive el pequeño segmento de deudores estudiantiles que tratan de que sus deudas sean canceladas. La jurisprudencia está repleta de ejemplos de jueces que recurren a una forma particularmente despiadada de razonamiento para negar ese alivio a los demandantes.
(…)
En última instancia, sin embargo, el problema de la deuda de los estudiantes no se pueden resolver si no hay educación superior gratuita para todos. El movimiento estudiantil de Quebec ofrece un ejemplo ilustrativo a este respecto. En su victoriosa batalla por detener la subida de las matrículas por parte del gobierno provincial a comienzos de este año, el movimiento tomó una decisión estratégica brillante. Sus demandas no sólo hablaban de las necesidades inmediatas de las personas, sino que planteaban suna transformación más amplia de la sociedad -y también del Estado. Perry Anderson dijo una vez que la lucha de clases no se puede resolver sino en la esfera de la política y del Estado. Ahí es donde, en última instancia, debe ser combatida y ganada la lucha por la deuda estudiantil y la educación pública .
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