Obstáculos al acceso abierto (OA)

No corren buenos tiempos para el intercambio libre en internet. La idea de compartir ideas y bienes (comprados, luego propios y de libre disposición) siempre ha sido mal vista.  También es cierto que de ello surgió un floreciente negocio, en algunos casos una simple fechoría. Pero los heraldos del mercado regulado y de sus límites (entre quienes se incluyen parte de esos malhechores, cuya divisa es la ganancia) aprovechan para cerrar todos los resquicios posibles. Ahora le llega el turno al movimiento en favor del acceso abierto, que está también entre sus objetivos. Veamos, si no, lo que nos cuenta The Chronicle:

La oposición a la Research Works Act continúa propagándose. En un comunicado publicado en su página web, la Modern Language Association señala que se opone a dicho proyecto de ley, que impediría a las agencias federales exigir que los investigadores cuya investigación haya sido realizada con fondos federales publiquen en acceso abierto los resultados de la  misma, al margen del consentimiento de los editores. Eso daría al traste con los requerimientos de acceso público, como el del Instituto Nacional de Salud, en virtud del cual los beneficiarios de una ayuda federal tienen un año, desde el momento de la publicación, para dejar una copia de sus papers en el repositorio libre PubMed Central.

“Los obstáculos innecesarios a la libre circulación de las ideas comprometen un sólido intercambio de información y el conocimiento”, dijo el presidente de la MLA, Michael Bérubé, en el comunicado. “Al revisar el lenguaje de la Research Works Act y teniendo en cuenta las implicaciones de sus disposiciones,  la MLA considera que esa legislación tiene importantes y negativas consecuencias para el futuro del acceso público al material académico y de investigación”.  Bérubé es profesor de inglés en la Penn State University.

La asociación es también editora, y en la declaración afirma que “la capacidad de un editor para obtener ingresos de los servicios que ofrece no tiene que ser obstaculizada por la provisión de un amplio acceso público a la labor académica”. La Association of American Publishers, en cambio,  apoya el proyecto de ley, aunque no todos sus miembros están de acuerdo con esa posición. Peter Suber, defensor del acceso abierto,  ha puesto en circulación un listado de editoriales académicas y de asociaciones que apoyan o se oponen al proyecto. En el lado opuesto, hay asociaciones como la International Society for Computational Biology, la American Physical Society y la Society for Cultural Anthropology.

La oposición también ha echado raíces entre los investigadores. Algunos estudiosos han pedido a sus colegas a no enviar sus trabajos a las editoriales que apoyan dicha norma. Mientras tanto, cerca de 400 investigadores han firmado una declaración de boicoteo al grupo Elsevier por sus altos precios de suscripción y su apoyo a la controvertida legislación. Otra petición en contra del proyecto ha reunido cerca de 10.000 firmas. “Los resultados de los estudios académicos (en particular, los financiados con fondos públicos) son un bien público mundial”, escribió un firmante. “La comercialización y mercantilización de esa investigación no es aceptable”.

Los bibliotecarios también están al tanto de lo que ocurre con esa ley. En la reunión de mediados de invierno de la American Library Association, David Prosser, director ejecutivo de las Research Libraries del Reino Unido, describió el proyecto como “audaz, en extremo”. Y añadió:  “Parece muy sorprendente que traten de apropiarse del capital intelectual de los investigadores que ha sido financiados por los contribuyentes y luego lo llamen trabajo de investigación privado”.

Finalmente, diez asociaciones que agrupan a las bibliotecas, incluyendo las más importantes, han remitido una carta de protesta al Congreso.

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