Ruanda: guerra y genocidio

Claudine Vidal reseña en La vie des idées el libro de André Guichaoua: Rwanda, de la guerre au génocide. Les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994), Paris, La Découverte, 2010, 622 pág.

André Guichaoua es sociólogo, profesor de la Universidad Paris I, y autor de distintos estudios sobre Rwanda. Ha trabajado, además, como experto del Tribunal Penal Internacional que ha enjuiciado las atrocidades cometidas en Rwanda (TPIR):

El Miércoles 6 de abril 1994, a las 20,25, el avión del presidente ruandés Habyarimana fue derribado por misiles de tierra-aire cuando iba a aterrizar en Kigali. A partir del 8 de abril,  elementos extremistas de diferentes partidos forman un gobierno provisional tras eliminar a determinados meimbros del gobierno y a las autoridades a un acuerdo con el Frente Patriótico Ruandés (FPR). El 7 de abril empiezan las masacres de civiles tutsis en Kigali y en las dos prefecturas del norte de Ruanda. Son cometidas por las milicias y los soldados obedeciendo a las autoridades militares y a las autoridades locales para vengar la muerte del presidente Habyarimana (originario de una de estas prefecturas) y son una advertencia:  los tutsis pagan con sus vidas los avances del FPR. En la misma fecha, y por unos días, no se producen masacres organizadas en otras prefecturas. A mediados de abril, los oficiales opuestos a esta política han sido neutralizados, el gobierno interino está poniendo en marcha una estrategia genocida, consigue extenderla por todo el país y dura desde abril hasta julio de 1994.

Hay siete capítulos en el libro (7-13) dedicados a a relatar cómo, tras el ataque, el gobierno interino organizó conscientemente el genocidio. Esta historia se inscribe en una controversia que aún continúa: de hecho, contradice una versión influyente sobre la historia de los orígenes del genocidio. La tesis oficial, presentada por el FPR como verdad única es que las autoridades de Rwanda, de origen hutu, presuntamente planearon el genocidio desde 1959; ésta versión utiliza como prueba las atrocidades y matanzas sufridas por la minoría tutsi desde esa fecha, crímenes que habrían preparado intencionadamente la “solución final”. La violencia existió. Por otra parte, la República de Ruanda nacida con la independencia no reconoce a los tutsis los mismos derechos que al resto de ciudadanos. Se les ha privado incluso de algo fundamental: los cientos de miles de refugiados tutsis que viven fuera de Ruanda han sido, durante décadas, excluidos de la nacionalidad ruandesa. En cuanto a los que siguieron viviendo en Rwanda, objeto de múltiples discriminaciones, formaban un grupo separado de los demás, degradados, “racializados” por la ideología etnicista del poder.

Por su parte, sin remontarse a los trastornos de la independencia, el fiscal del TPIR sostuvo la tesis de la planificación del genocidio, planificación que habría sido anterior al ataque del 6 de abril de 1994. El fiscal presentó como prueba de la conspiración un conjunto de elementos preexistentes al atentado  -elementos, en efecto, determinantes en la perpetración del genocidio, incluyendo entre otros la creación en julio de 1993 de la Radio Televisión Libre des Mille Collines (RTLM), cuya violentas diatribas étnicas se convirtieron, en abril de 1994, en incesantes llamadas al asesinato;  la organización de las milicias partidistas, armadas y entrenadas por los militares desde finales de 1993 y que cometieron asesinatos durante todo el genocidio; el programa de “autodefensa civil”, cuyo liderazgo se reestructuró en mayo de 1994 para fortalecer la política de masacres.  Hubo también un informe secreto de diciembre de 1991, procedente de una comisión militar formada por orden del presidente Habyarimana, que definñia al  “ENI” [el enemigo] como “tutsi del interior o del exterior extremista  y con nostalgia del poder”. La incitación pública al odio étnico se expresó también por parte de políticos y autoridades locales, y las masacres localizadas de poblaciones tutsis ocurrieron efectivamente.

Se entiende que la perpetración del genocidio tutsi, a partir de abril de 1994,  haya llevado a una lectura retrospectiva de un conjunto de elementos que, sin duda, incorporan actitudes y discursos explícitamente genocidas, así como prácticas asesinas contra los tutsis. Sin embargo, durante los procesos a diversas autoridades políticas y militares, los jueces del Tribunal para Rwanda no aceptaron el argumento del fiscal, es decir, la existencia de una conspiración para cometer genocidio que habría sido convenida antes de 07 de abril 1994 entre los propios acusados y en vinculación con otras personas. Esta decisión ha suscitado intensos debates entre representantes de diversos colectivos, según los cuales la “planificación” del genocidio fue concebida en las altas esferas del Estado riuandés desde octubre de 1990, inmediatamente después del ataque dirigido por el FPR. Incluso se la ha descalificado como “revisionista”.

Esta calificación es probable que pueda aplicarse al relato construido por Andre Guichaoua. Frente a ello, me parece que no es evidente una escritura de la historia que asimile a una planificación los discursos y actos asesinos frente a una determinada categoría de personas. Eso es considerar como inevitable un proceso que, de hecho, podría haber sido detenido. Aquí nos encontramos con un viejo tema de la historiografía judía del Holocausto: establecer que existe una diferencia de naturaleza entre la discriminación, los abusos sufridos ante todo por los judíos, y la política sistemática de exterminio. Así, los historiadores modernos ya no consideran que el destino del mundo judío europeo estuviera fijado en 1933, cuando se estableció la primera definición de “no ario”. Utilizamos esta analogía para comprender mejor lo que significa la controversia en torno a la cuestión de la planificación del genocidio tutsi, sus orígenes, sus iniciadores. En efecto, desde una perspectiva comparada, aun cuando las acciones y discursos genocidas hayan apuntado ala pe los tutsis ya en 1959, y más intensamente desde 1990, el lanzamiento y la perpetración del genocidio han sido posibles después de 6 de abril 1994, cuando el gobierno provisional tenía las manos libres, después de eliminar a las autoridades legítimas.

La carga de la prueba

Resulta crucial restituir lo que sucedió en Kigali en la noche del 6 de abril y los días siguientes entre los diferentes protagonistas ruandeses y no ruandeses. Es por eso que André Guichaoua multiplica las pruebas para establecer la composición de las sucesivas reuniones y los objetivos explícitos o secretos de unos y otros,  trazando las rutas de asesinos en la capital. Las fuentes son abundantes y tienen distintas procedencias: fuentes jurídicas, siendo las más importantes las del Tribunal Internacional para Rwanda (audiencias de los testigos, incluyendo a sobrevivientes, testimonios de los acusados, la acusación del fiscal y las sentencias de los jueces),  otras proceden de las demandas presentadas en nombre de la jurisdicción universal en Bélgica y Canadá, contra ruandeses acusados de genocidio; otras fuentes proceden de otras fases de la investigación, como las investigaciones parlamentarias en 1998 por parte del Senado de Bélgica y por la Asamblea Nacional francesa;  otras fuentes son aportadas por el propio autor,  que ha llevado a cabo numerosas entrevistas con los protagonistas ruandeses (gente que está en libertad, pero también personas encarceladas), cuyos testimonios y análisis reproduce en parte.

El testimonio oral y, en particular, el testimonio  judicial son una parte importante de la documentación. De todos modos,  una reconstrucción que se basara exclusivamente en este cuerpo documental no sería convincente. En este sentido, la práctica de la producción y el uso de los atestados personales en Rwanda remite a Renaud Dulong. De hecho, las declaraciones de testigos quieren, por sí mismas, valor de prueba definitiva en las publicaciones emitidas por los órganos de gobierno de Ruanda o las organizaciones militantes, sin que, sin embargo,sean conocidas, restituidas y examinadas las condiciones de obtención de esos testimonios, que no se confrontan con versiones contradictorias. André Guichaoua muestra que los documentos escritos son accesibles y que los testimonios deben ser cruzados con esos archivos,: comunicados, discursos, diarios,  documentos privados e institucionales, correspondencia, etcétera. Así, en el anexo 97, el autor traza, día a día, las actividades del gobierno interino y de sus miembros, indicando y publicando los documentos utilizados para esa reconstrucción.

André Guichaoua inserta sistemáticamente en su texto largos extractos de esas fuentes para acercar lo más posible al lector al análisis del proceso que condujo a la decisión y ejecución del genocidio: “En lo que pasa desde el 6 de abril por la noche  se puede observar y estudiar una estrategiacriminal en marcha, donde las decisiones, los acontecimientos (incluyendo asesinatos de figuras políticas) se sucedían a diario reafirmando las posiciones más radicales, las deseadas por los más extremistas en la momento de la “guerra final” (pág. 451).

Contextualizar la toma de decisiones

El genocidio es con frecuencia atribuido a una única determinación, como el odio étnico, la furia popular o incluso las fechorías del colonialismo, el catolicismo misionero,  las potencias extranjeras  o el ataque final del FPR en 1990. Otros relatos lo atribuyen a una causa episódica,  el ataque del 6 de abril de 1994. La contribución de este trabajo es investigar la toma de decisiones criminales de algunos responsables y ponerlas en su contexto -el contexto al que quienes toman las decisiones han adaptado su estrategia-,  para describirlas y ver su complejidad y rápida evolución. Sin que nos podamos detener, se puede mencionar la dimisión casi inmediata de las potencias extranjeras, que renuncian a tratar de detener la espiral de violencia.

También hubo dos partes en conflicto, el rechazo de cualquier negociación y, por tanto, participantes en una guerra que ambos beligerantes calificaban de  “final”. Y tenemos, en fin,  la capacidad del gobierno interino para movilizar los recursos del Estado, principalmente los de la administración territorial, en todos los niveles jerárquicos, mediante la realización de purgas y asesinatos de los que no aceptaron el programa genocida, fomentando masacres locales que dieron el poder a sus seguidores. Esta consolidación y remodelación del marco territorial, por las autoridades provisionales, cuyas intervenciones André Guichaoua reconstruye minuciosamente a partir del 12 de abril, explican la rápida propagación de los asesinatos: la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas durante las primeras seis semanas que siguieron al 7 de abril.

Si la lógica inmediata de la política estatal de genocidio se presenta de manera convincente en el tiempo corto de las pocas semanas (cien días) en las que se llevó a cabo, lo que queda es situarlas en relación con las cuestiones previas, siempre determinantes. Los primeros seis capítulos del libro analizan, utilizando el mismo método de exposición detallada, las tensiones y conflictos específicos de la esfera político-militar durante años 1973-1994. André Guichaoua conoce bien este contexto por haberlo investigado durante quince años, incluso antes de 1994. De este modo, dispone de una red de interlocutores con los que ha dialogado sobre la evolución de las cuestiones políticas características de la sociedad ruandesa de ese momento. En estos capítulos se detalla la forma en la que la guerra de octubre de 1990 justificó, por parte del clan presidencial  y sus aliados, la radicalización de su política de apropiación del poder, mientras otros partidos buscaban la manera de liberalizar el espacio político. Se analiza también cómo la estrategia del Frente Patriótico Ruandés, básicamente una estrategia para hacerse con el poder, fue el pretexto de los extremistas prohutus para formar una coalición ideológica. Tras el ataque del 6 de abril, cuando se hizo evidente que el FPR ganaría la guerra, la idea de que los tutsis del interior podrían beneficiarse de su victoria se les hizo intolerable: “El mantenimiento de la locura genocida se convirtió en un fin en sí mismo “(pág. 589).

Lógica acusatoria e investigación universal

La acusación de negacionismo, lanzada ya contra la obra de André Guichaoua, se basa en un único argumento: el autor no considera que la planificación del genocidio se remontara al menos a 1990. Este tipo de argumento, de lógica acusatoria, sobredeterminada por la acción del Tribunal Internacional para Rwanda y otros procesos judiciales, tienes sus partidarios y su vertiente política. Pero desde el punto de vista de la investigación histórica, no parece pertinente. Me parece que debemos adoptar una posición preventiva en relación con este tipo de discurso, y el libro de Andre Guichaoua ayuda a ello.

El campo de estudio de este libro está claramente delimitado: se atiene al conflicto entre los círculos de notables que componían el sistema político de Ruanda, las decisiones adoptadas por algunos de sus representantes, y a las consecuencias de esas decisiones. Otras investigaciones, publicados o en curso, también ponen de manifiesto, frente a las actitudes puramente polémicas o a la simple ignorancia, la posibilidad de ver las diversas controversias qyue se sustentan en una amplia gama de investigaciones y en conocimientos verificables. Este trabajo se centra en particular en una de las características del genocidio: la rapidez de los asesinatos. Una rapidez que no hubiera sido posible con la única intervención de la milicia y el ejército. Fue posible porque participaran en los asesinatos gran número de personas que no pertenecían al movimiento extremista y que no habían sido entrenadas, física y mentalmente, para practicar la violencia extrema. La cuestión de la movilización es esencial, no menos que la de la resistencia a las órdenes de masacrar. En este punto también, la investigación universitaria debe hacer frente a la visión maniquea que algunos medios de comunicación y publicistas imponen en el debate público.

Anuncios