Robert Darnton: digitalización y derechos de autor (2)

Continuación de la primera parte…

No se puede legislar la Ilustración, pero se pueden establecer reglas de juego para proteger el interés público. Las bibliotecas representan el bien público. No son empresas, pero tienen que cubrir gastos. Necesitan un plan de negocios. Piense en el antiguo lema de Con Edison cuando tuvo que perforar las calles de Nueva York para llegar al subsuelo: “tenemos que cavar”. Las bibliotecas dicen: “tenemos que digitalizar”. Pero no de cualquier manera. Debemos hacerlo en aras del interés público, lo que significa hacer que quienes digitalizan sean responsables ante la ciudadanía.

Sería ingenuo identificar Internet con la Ilustración. Tiene un potencial para difundir conocimientos más allá de lo imaginado por Jefferson, pero mientras se estaba construyendo, enlace a enlace, los intereses comerciales no estaban de brazos cruzados en una esquina. Quieren controlar del juego, absorberlo, ser sus propietarios. Compiten entre sí, por supuesto, pero tan ferozmente que se eliminan unos a otros. Su lucha por la supervivencia está conduciendo hacia un oligopolio; y, gane quien gane, la victoria puede significar una derrota para el bien público.

No me malinterpreten. Sé que las empresas deben ser responsables ante los accionistas. Creo que los autores tienen derecho a que se les pague por su trabajo creativo y que los editores merecen ganar dinero por el valor que añaden a los textos de los autores. Admiro la magia del hardware, el software, los motores de búsqueda, la digitalización y la clasificación según la relevancia algorítmica. Reconozco la importancia de los derechos de autor, aunque creo que el Congreso lo hizo mejor en 1790 que en 1998.

Pero nosotros tampoco nos podemos quedar al margen, confiando en que  las fuerzas del mercado trabajen para el bien común.  Es necesario que nos comprometamos, que nos involucremos,  para recobrar  el legítimo dominio público. Cuando digo “nosotros”, me refiero a nosotros, el pueblo, somos nosotros los que creamos la Constitución y los que deberíamos hacer que su trasfondo, el  de los principios  de la Ilustración,  informara  la realidad cotidiana de la sociedad de la información. Sí, nosotros hemos de  digitalizar. Pero lo más importante es que  hay que democratizar. Tenemos que abrir el acceso a nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo? Reescribiendo las reglas del juego,  subordinando los intereses privados al bien público e inspirándonos en los viejos  principios republicanos  para crear una República Digital del Aprendizaje.

 

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¿Qué es lo que ha provocado  estas reflexiones, entre jeremiada y utopismo?:  Google. Hace cuatro años, Google comenzó a digitalizar libros de bibliotecas de investigación, permitiendo una búsquda completa dentro de todos los textos  y haciendo que los libros de dominio público estuvieran disponibles en Internet sin costo alguno para el usuario. Por ejemplo, ahora cualquier persona en cualquier lugar puede ver y descargar una copia digital de la primera edición de 1871 de Middlemarch,  que se encuentra en la colección de la Bodleian Library en Oxford. Todo el mundo sale beneficiado, y también Google, que obtiene  algunos ingresos de la discreta publicidad que se adjunta a su servicio, el Google Book Search. Google también ha digitalizado un creciente número de libros de   bibliotecas que están protegidos por derechos de autor, proporcionando servicios de búsqueda sobre  pequeños fragmentos del texto. En septiembre y octubre de 2005, un grupo de autores y editores presentaron  una demanda contra Google, alegando que violaba los derechos de autor. El 28 del pasado mes de octubre, tras  largas negociaciones, las partes anunciaron un acuerdo,  sujeto a la aprobación de la Corte del  Southern District de Nueva York [En este blog ya hemos hablado de ello y allí se puede seguir el citado acuerdo].

El acuerdo  crea una empresa conocida como Book Rights Registry  que representa  los intereses de los titulares de los derechos de autor. Google va a vender el acceso a un gigantesco banco de datos compuesto principalmente de derechos de autor, libros descatalogados que ha digitalizado en las las bibliotecas de investigación. Colegios, universidades y otras organizaciones podrán suscribirse pagando  una “licencia institucional” que les dará acceso a ese banco de datos. Una “licencia de acceso público” permitirá que ese material esté a disposición de las bibliotecas públicas, de modo que Google ofrecerá gratuitamente la visualización de los libros digitalizados en un terminal de ordenador. Y los particulares también podrán acceder e imprimir versiones digitalizadas de los libros mediante la compra de un “licencia de consumidor” de Google, que colaborará con el Registro distribuyendo los ingresos a todos los titulares de derechos de autor. Google se quedará con  el 37 por ciento, mientras el Registro obtendrá el 63 por ciento, que  distribuirá entre los titulares de los derechos.

Mientras tanto, Google seguirá permitiendo que los libros de dominio público estén disponibles para que los usuarios los puedan leer, descargar e imprimir  de forma gratuita. De los siete millones de libros que al parecer Google ha digitalizado  hasta noviembre de 2008,  las obras de  dominio público son un millón; otro millón están vivos y con derechos de autor, y cinco millones tienen  derechos de autor, pero están descatalogados. Es esta última categoría la que proporcionará la mayor parte de los libros que estarán disponibles mediante  la licencia institucional.

Muchos de los libros vivos y con derechos no estarán disponibles en el banco de datos a menos que los titulares de esos derechos opten por incluirlos. Se continuarán vendiendo en la forma habitual, como libros impresos,  y también podrán ofrecerse a clientes individuales como copias digitalizadas, accesibles a través de la licencia de consumidor para la descarga  y la lectura, quizás en lectores de libros electrónicos como el Amazon Kindle.

Después de leer el acuerdo e intentar asimilar todos sus términos -no es una tarea fácil, porque ocupa 134 páginas y 15 anexos llenos de legalismos-, lo más probable es sentirse anonadado: tenemos  una propuesta que podría conducir a  la biblioteca más grande del mundo. Sería, por cierto,  una biblioteca digital, pero dejaría enanas la Biblioteca del Congreso y todas las bibliotecas nacionales de Europa. Por otra parte, buscando los términos del acuerdo con  autores y  editores, Google también podría convertirse en la empresa más grande del mundo en el negocio del libro –no una cadena de tiendas, sino un servicio electrónico suplementario que dejaría  fuera a la propia Amazon.

Una empresa de tal envergadura se vería  obligada a suscitar  reacciones de esos dos tipos de los que he estado hablando: por un lado, el entusiasmo utópico, por el otro, la jeremiada sobre el peligro de concentrar el poder que controla el acceso a la información.

¿Quién no reaccionaría ante la perspectiva de  que prácticamente todos los libros de las bibliotecas de investigación más grandes de América estén alcance de todos los estadounidenses, y quizás de  cualquiera persona en cualquier lugar con acceso a Internet? No sólo la brujería tecnológica de Google llevará libros a los lectores, también se abren extraordinarias oportunidades para la investigación, toda una gama de posibilidades,  desde la búsqueda simple de palabras  a los tratamientos complejos de un texto. Bajo ciertas condiciones, las bibliotecas participantes podrán hacer uso de las copias digitalizadas de sus libros para sutituir aquellos  que han sido dañados o perdidos. Google adecuará los textos de manera que puedan servir  para los lectores con alguna discapacidad.

Lamentablemente, Google sólo se compromete a proporcionar el libre acceso a su base de datos en un terminal de cada una las bibliotecas públicas, y eso tiene muchas restricciones: los lectores no podrán  imprimir un texto que esté protegido por derechos de autor si no abonan la tasa correspondiente a los titulares de esos derechos  (aunque Google se ha ofrecido a pagarlos  inicialmente), y un único terminal apenas satisfará la demanda en las grandes bibliotecas. Pero la generosidad de Google será una gran ayuda para las ciudadess pequeñas, como los lectores  de la biblioteca de la biblioteca de Carnegie, que tendrán acceso a más libros de los que actualmente están disponibles en la Biblioteca Pública de Nueva York. Google puede hacer que el sueño de la Ilustración se haga realidad.

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Pero, ¿de verdad? Los filósofos del siglo XVIII vieron en el monopolio el principal obstáculo para la difusión del conocimiento -no sólo los monopolios en general, que a juicio de Adam Smith y de los fisiócratas sofocaban el comercio, sino algunos en particular,  como el de la Stationers’ Company  en Londres y el del gremio de los libreros en París,  que asfixiaban  el libre comercio de libros.

Google no es un gremio, y no pretende crear un monopolio. Por el contrario, persigue un loable objetivo: promover el acceso a la información. Pero la clase de acuerdo al que ha llegado  Google le hace invulnerable a la competencia. La mayoría de  los autores y los editores  de libros que poseen  derechos de autor en los EE.UU.  quedan automáticamente amparados por el acuerdo. Pueden optar por salirse. Ahora bien,   hagan lo que hagan, no se podrá poner en marcha ninguna nueva empresa  de digitalización sin conseguir su consentimiento uno a uno, una imposibilidad práctica, o sin  enredarse en algún tipo de pleito parecido. En caso de ser aprobado por un tribunal  –un proceso que podría tardar hasta dos años–  el acuerdo logrado por Google le dará el control sobre la digitalización de la práctica totalidad de los libros protegidos por derechos de autor en los Estados Unidos.

Este resultado no estaba previsto inicialmente. Mirando hacia atrás,  en el transcurso de la digitalización de la década de 1990, ahora podemos ver que perdimos una gran oportunidad.  El Congreso,  la Biblioteca del Congreso o  una gran alianza de las bibliotecas de investigación, con el apoyo coaligado de varias fundaciones,  podrían haber hecho ese trabajo con un coste razonable y podrían haberlo diseñado de manera que el interés público primara ante todo. Se podría haber repartido el gasto de varias maneras -un contrato de alquiler  variable según el uso de la base de datos o  una línea presupuestaria del National Endowment for the Humanities o de la Biblioteca del Congreso-, lo cual  habría permitido entregar  a autores y editores sus legítimos ingresos, al tiempo que se hubiera mantenido un fondo en  acceso abierto o con un acceso  basado  en tarifas razonables. Podríamos haber creado una National Digital Library –el equivalente del siglo XXI a la Biblioteca de Alejandría. Ahora ya es demasiado tarde. No sólo hemos fracasado al no darnos cuenta de esa posibilidad, sino que, lo que es peor aún, estamos permitiendo que una cuestión de política pública -el control de acceso a la información- vaya a estar determinada por un acuerdo legal privado.

Mientras las autoridades públicas dormían, Google tomó la iniciativa. No trató de resolver sus asuntos en un tribunal. Se preocupó de su negocio, el del escaneo de libros en las bibliotecas; y lo hizo de forma tan eficar que despertó  el apetito de otros  para compartir  los potenciales beneficios. Nadie debería discutir la reclamación de los autores y los editores, pues los ingresos de sus derechos  les pertenecen legítimamente;  ni nadie debría prununciar un  juicio a la ligera sobre las partes presentes en el acuerdo.. El juez de distrito se pronunciará sobre la validez de la solución, pero sepamos que trata principalmente sobre una cuestión de división de beneficios, no sobre promover el interés público.

Hay una consecuencia imprevista:  Google disfrutará  de lo que sólo podemos denominar como monopolio — un monopolio de un nuevo tipo, no como el de los ferrocarriles o el acero, sino el del acceso a la información. Google no tiene competidores serios. Microsoft abandonó su principal programa para digitalizar  libros hace varios meses, y otras empresas como Open Knowledge Commons (antes llamada la  Open Content Alliance) e Internet Archive  son pequeñas  e ineficaces en comparación con Google. Sólo Google  tiene la capacidad de digitalizar a gran escala. Y una vez  resuelto el litigio con  autores y editores,  puede explotar su potencial económico dentro de un marco jurídico protegido;  un tipo de acuerdo que abarca al conjunto de  autores y editores. Ningún nuevo empresario  será capaz de digitalizar  libros dentro de ese territorio cercado, incluso aunque pudiera permitírselo, porque tendría que emprender de nuevo la batalla por los derechos de autor.    Si la solución es ratificada por el tribunal, sólo Google quedará protegido  de la responsabilidad por derechos de autor.

El historial de Google sugiere que no abusará  de su  poder jurídico-fiscal. Pero, ¿qué pasará si sus actuales dirigentes deciden vender la empresa o jubilarse? El público descubrirá la respuesta en los precios que el futuro Google vaya a cargar, especialmente el precio de las licencias de suscripción institucional. El acuerdo deja a Google en libertad para negociar con cada uno de sus clientes, aunque anuncia dos principios rectores: “(1) obtener ingresos a precios de mercado para cada uno de los libros y  licencias en nombre de los titulares de derechos y (2) ofrecer  un  amplio  acceso a los libros por parte del público, incluidas las instituciones de educación superior “.

¿Qué pasará si Google favorece la rentabilidad sobre el acceso? Nada, si he leído los términos del acuerdo de forma correcta. Sólo el Registro, en representación de los titulares de derechos de autor, tiene poder para forzar un cambio en los precios de la suscripción que cobra  Google, y no hay ninguna razón para esperar que el Registro se oponga si los precios son demasiado altos. Google podrá optar por ser generoso al fijar el precio, y tengo motivos para esperar que así sea, pero también podría emplear una estrategia similar a la que se ha seguido con el aumento de precio de las revistas académicas, que tan eficaz ha demostrado ser: en primer lugar, atraer suscriptores con tasas iniciales bajas y, a continuación, una vez que están conectados, elevarlas tanto como pueda soportar el tráfico.

Los defensores del libre mercado pueden argumentar que éste se corregirá a sí mismo. Si Google cobra demasiado, los clientes cancelarán sus suscripciones, y el precio se reducirá. Sin embargo, no hay conexión directa entre la oferta y la demanda en el mecanismo de licencias institucionales que prevé el acuerdo. Estudiantes, profesores y usuarios de las bibliotecas públicas no van a pagar las suscripciones. El pago provendrá de las bibliotecas, y si las bibliotecas no tienen suficiente dinero para renovar la suscripción, pueden despertar feroces protestas por parte de unos usuarios que se han acostumbrado a los servicios de Google. A la vista de las protestas, las bibliotecas probablemente recortarán otros servicios, incluida la adquisición de libros, tal como sucedió cuando los editores elevaron  el precio de las publicaciones periódicas.

Nadie puede predecir lo que sucederá. Sólo podemos leer los términos del acuerdo  y conjeturar sobre el futuro. Si Google pone a nuestra disposición, a un precio razonable, el conjunto combinado de todas las principales bibliotecas de EE.UU.,  ¿que no lo aplaudirá? ¿No es preferible un mundo en el que este inmenso corpus de libros digitalizados sea accesible, aunque sea a un precio elevado, a otro en el que eso no exista?

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Tal vez, pero el acuerdo supone un cambio fundamental en el mundo digital,  consolidando el poder en manos de una empresa. Aparte de la Wikipedia, Google ya controla los medios de acceso a la información en línea para la mayoría de los estadounidenses, tanto si quieren saber alguna cosa sobre otras  personas, como sobre bienes, lugares  o sobre casi cualquier cosa. Además de la original “Big Google”, tenemos Google Earth, Google Maps, Google Images, Google Labs, Google Finance, Google Arts, Google Food, Google Sports, Google Health, Google Checkout, Google Alerts, y hay muchas más empresas Google en el camino. Ahora Google Book Search se compromete a crear la biblioteca más grande y el mayor negocio del libro  que haya existido jamás.

Haya entendido o no correctamente  el acuerdo, sus términos están tan firmemente interconectados que no se pueden analizar por separado. En este momento, lo más probable es que ni Google, ni los autores ni los editores, ni siquiera el tribunal de distrito,  modifiquen sustancialmente el acuerdo. Sin embargo, éste es también un punto de inflexión en el desarrollo de lo que llamamos la sociedad de la información. Si de ello resulta ahora un equilibrio equivocado, los intereses privados pueden pesar más que el bien público en el futuro previsible, de modo que el sueño de la Ilustración  puede ser tan esquivo como siempre.

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Recuerdo a los interesados en este particular que pueden consultar la respuesta de Paul N. Courant, historiador y economista de la Universidad de Michigan, que Jorge Ledo ha reproducido en su excelente blog: Ficta eloquentia.

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