Historia económica de los Estados Unidos de América

Jack Rakove, historiador y politólogo de Standford, analiza en TNR el libro del prolífico escritor Michael Lind: Land of Promise: An Economic History of the United States (HarperCollins). Así se expresa:

¿En nuestro actual abismo de desesperación económica, es el momento para que los estadounidenses reconozcan que todos debemos ser hamiltonianos, siguiendo el genio de nuestro primer y más grande secretario del Tesoro? Ese es el llamamiento que hace Michael Lind en Land of Promise (un título que débilmente evoca a The Promise of American Life, trabajo de Herbert Croly, fundador y coeditor de The New Republic). Lind ya se ha ganado un par de asentimientos (pero casi acríticos) en el New York Times, en una reseña de David Leonhardt  y en una columna de David Brooks. Es cierto que ambos periodistas discrepan con algunos aspectos del hamiltonianismo de Lind. Leonhardt se pregunta si otras naciones no han seguido políticas hamiltonianas más de lo que lo han hecho los estadounidenses, pero con pocos resultados. Brooks va mucho más allá, argumentando que Lind está buscando convertir la verdadera filosofía de Hamilton “en algo que se parezca al liberalismo moderno”. Un auténtico hamiltoniano, sugiere Brooks, estaría a favor del “desarrollo estructural a largo plazo” por encima de “ofrecer puestos de trabajo ahora mismo”, a la vez que fomentaría “el poder nacional y la eminencia” sobre la riqueza individual o la igualdad social.

Cualquiera que explore este terreno debe proceder con mucha cautela. ¿Qué significa realmente, después de todo, preguntarse qué sería mantener un enfoque hamiltoniano o jeffersoniano en términos de política económica contemporánea ? Interpretaciones tan genéricas como las que Brooks ofrece operan a su vez con un nivel de generalidad tan vago como para desafiar cualquier evaluación sensata. Sorprende un poco, por ejemplo, cuando nos enteramos de que a Hamilton no le importaba mucho  la riqueza individual, cuando la mayoría de los relatos de sus políticas financieras subrayan su deseo de unir a las clases propietarias de los Estados Unidos post-revolucionarios al gobierno nacional. Igualmente, su insistencia en que el hecho de que el presidente Washington actuara contra los rebeldes de whisky de 1793 fue un arreglo para convencer a las “clases bajas” estadounidenses de que estaban obligadas a pagar impuestos como sus vecinos más ricos. Brooks tiene un largo camino por recorrer para demostrar que él está describiendo unos fundadores o unos políticos realmente existentes.

Sin embargo, la noción de que los valores de Hamilton y Jefferson se han enfrentado entre sí en repetidas ocasiones ordenando los debates de la política económica es un tema bien establecido en la historia estadounidense. El nuevo libro de Lind es sólo su ejemplo más reciente, aunque le da a esa amplia historia un buen barrido cíclico. Land of Promise es un libro de texto virtual sobre la historia económica de América, con los capítulos divididos en numerosos subapartados que ocupan entre dos y seis párrafos. Lind describe cuatro amplios movimientos en la historia económica de América, comenzando con el mundo preindustrial que vivieron los fundadores de la República y, a continuación, las tres grandes transformaciones de la economía industrial que lo sustituyeron, uno impulsado por el vapor y el telégrafo, otro por la electricidad y el motor de combustión, para acabar con el nuevo mundo de los ordenadores. Lind ofrece un sinnúmero de acertadas observaciones sobre el desarrollo económico de América  y, con o sin su esquema interpretativo, cualquier lector aprenderá mucho sobre esa historia.

Pero el argumento en general depende de la yuxtaposición de los temas hamiltoniano y jeffersoniano. En la historia de Lind, las grandes transformaciones económicas -o lo que Joseph Schumpeter llamó la “destrucción creativa” del capitalismo- va tres o cuatro décadas por delante de la capacidad de los sistemas políticos y jurídicos para hacer frente a sus muy inquietantes consecuencias. Durante este intervalo de incertidumbre, los estilos políticos de corte jeffersoniano florecen. Ofrecen visiones nostálgicas que desafían la fiebre del progreso, tanto como supuestamente Jefferson reaccionó contra el fantasma de la primera revolución industrial, y apelan a una visión simple de la autoridad en la que las instituciones más antiguas, y más respetuosas del poder descentralizado tradicional, pueden seguir funcionando. Pero en algún momento aparece una crisis -la Guerra Civil, la Gran Depresión y nuestra actual Gran recesión- y entonces las soluciones de Hamilton toman el relevo. Estas soluciones son abiertamente de carácter nacionalista. Confían en las instituciones centrales para acomodar los cambios económicos con las más prudentes, eficaces  y justas nociones de regulación pública.

Lind es totalmente claro en la elaboración del balance entre las tradiciones de Hamilton y Jefferson. “Lo que es bueno para la economía estadounidense es en gran parte resultado de la tradición de desarrollo de Hamilton”, deja caer, “y lo que es malo es en gran medida resultado de la escuela producerista jeffersoniana”. Contra Henry Ford, Lind insiste en que es por eso que “la historia no es una tontería”. La historia tiene lecciones que enseñar. Nos ofrece una opción entre las lecciones que sus creadores decían abandonar y entre las que nos deberían aconsejar elegir.

Tal vez Lind esté en lo cierto,  y quizá pronto los retos que nuestro sistema político tan mal está manejando llegarán a su apoteosis. Mientras tanto, el historiador escéptico puede tener algunas reservas acerca de su argumento. La primera tiene que ver con el concepto mismo de lecciones. Los historiadores las odian por muchas razones, sobre todo porque desafían la premisa fundamental del pensamiento histórico: que estudiamos el pasado no sólo para entender cómo el presente surgió de él, que es la parte más sencilla de nuestro trabajo, sino lo que es más importante, porque es muy diferente de aquello en lo que nos hemos convertido.

En el caso especial de los fundadores de nuestra República, nada podría ser tan estrafalario como suponer ingenuamente que podemos arrancar a Hamilton, Jefferson, Madison o Franklin de su época, dejarlos caer en la nuestra y aplicar su sabiduría a nuestros problemas. El absurdo radica en esto: los fundadores eran profundamente empíricos en su pensamiento, profundamente receptivos a sus experiencias y observaciones  y profundamente conscientes de las contingencias en las que actuaban. Aplicar sus ideas al presente, sin darles la misma información que tenemos -lo que les expondría a las mismas diferencias que nos dejan perplejos a nosotros, transformaría su inteligencia creativa en una caricatura de sí misma.

Lind se enfrenta a una segunda dificultad cuando hace hincapié en la preeminencia moderna de la nación-Estado en nuestra economía política. Esa preeminencia tuvo muchos antecedentes jurídicos y políticos, como las decisiones clave del Tribunal Supremo bajo John Marshall -los de McCulloch v. Maryland (1819) y Gibbons v. Ogden (1824) son los más famosos- y la oportunidad que el Partido Republicano aprovechó durante la Guerra Civil, cuando la ausencia de los congresistas del sur les permitió aprobar  elementos clave de una legislación al estilo Hamilton. Pero aún tuvo que llegar la crisis del New Deal y la Segunda Guerra Mundial para confirmar la superioridad de la autoridad nacional.

Esta historia, aunque correcta en sí misma, todavía pasa por alto el papel fundamental desempeñado por políticas y decisiones de base estatal a lo largo del siglo XIX y en en el siglo XX. Ese desarrollo, con sus pros y sus contras, fue objeto de un brillante conjunto de monografías escritas por Oscar y Mary Handlin (sobre Massachusetts), Louis Hartz (Pennsylvania), Milton Heath (Georgia) y Harry Scheiber (Ohio)  que en conjunto demolieron la idea de que el florecimiento de la economía estadounidense fue un tributo al laissez-faire, un ethos casi libertario implantado en nuestro carácter nacional. Lind reconoce este hecho fundamental del desarrollo económico de América sólo en un puñado de referencias de pasada, y nunca examina seriamente la interacción entre la actividad basada en el Estado y aquella otra de base  nacional.

La creación de una economía nacional integrada, como la que un visionario hamiltoniano concebía llevar a cabo, dependía de algo más que de la asignación formal de la autoridad legal. Era también una función de la forma en que el material real de la actividad económica -producción, transporte, distribución, consumo- funcionaba en la práctica. Aquí el trabajo de los Estados en la promoción del desarrollo desempañó el papel dominante, y el gobierno federal sólo comenzó a intervenir cuando se había creado una base objetiva que exigía una normativa nacional. De hecho, algunos famosos intentos por fomentar la integración nacional  pueden haber sido costosamente prematuros, como mi colega Richard White ha argumentado en su nuevo libro, Railroaded, que analiza con escepticismo la construcción de los ferrocarriles transcontinentales.

El desafío de medir “inputs” estatales y federales también conduce a una reflexión final sobre la ostensible disputa entre  hamiltonianos y jeffersonianos. De hecho, existen algunas cuestiones en las que una llamada a sus valores y posiciones todavía tiene mucho sentido. Cualquier persona que quiera especular sobre el valor de mantener un amplio grado de discrecionalidad presidencial en el ámbito de la seguridad nacional encontrará una inspiración sustancial en las observaciones de Hamilton sobre el poder presidencial. Los estadounidenses que creen firmemente en la separación de Iglesia y Estado y en el valor de tratar a la religión principalmente como un reino de la creencia y la conducta privadas no puede hacer nada mejor que releer los escritos de Jefferson y Madison sobre este sagrado tema.

Sin embargo, en el ámbito de la economía política, la idea de que los estadounidenses deberían ser hamiltonianos o jeffersonianos por naturaleza es una forma primitiva de explicar cómo la energía de la actividad económica late a través de nuestro sistema político y jurídico. Este sistema está abierto a la influencia y la manipulación a todos los niveles, y no tiene forma efectiva de dirigir las oleadas de cálculos políticos y compromisos que rigen nuestro sistema de gobierno. Los costes de nuestras arraigadas ineficiencias constitucionales suelen ser muy fáciles de medir, como bien confirma nuestra actual situación de estancamiento en Washington. Pero tal vez los estadounidenses trabajen mejor cuando la dividida naturaleza de nuestras instituciones alienta su manipulación oportunista.

Thomas Jefferson cerró su discurso inaugural de 1801 -que fue posible gracias a la continua influencia de Hamilton sobre el derrotado Partido Federalista- recordando a su audiencia del Congreso que “todos somos republicanos, todos somos federalistas”. También puede darse el caso que seamos todos hamiltonianos, todos jeffersonianos, y que para bien o para mal esta sea una parte del genio de nuestro sistema americano.

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Entrevista en la Boston Review